Urgen a reducir los impuestos sobre la promoción y transmisión de viviendas, y a retomar la reforma de la Ley del Suelo. Además, advierten sobre los perjuicios de regular los alquileres de temporada.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han instado al Gobierno a retirar las medidas de control de precios incluidas en la Ley de Vivienda y a «racionalizar la estructura tributaria» para reducir progresivamente los impuestos sobre la construcción de vivienda nueva y todas las transmisiones.
En un encuentro organizado por Fedea y el CGE para analizar el problema de la vivienda, el catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado de Fedea, Benito Arruñada, criticó que la estructura tributaria de la vivienda es «disparatada», ya que gran parte de los impuestos se centran en las transmisiones y no en la tenencia.
«No me meto en cuál debe ser el gravamen total conjunto, que sea el que queramos, el que decidamos democráticamente, pero nuestra solución de gravar mucho las transmisiones y la tenencia relativamente poco es un disparate», advirtió Arruñada, señalando que en España «se machaca a impuestos» a quienes quieren mudarse a otras ciudades y a otro empleo.
Arruñada añadió que, aunque los ciudadanos piensan que la vivienda es cara por la especulación, «no se dan cuenta de que el principal especulador, con mucha diferencia, son las Administraciones Públicas», que se llevan en la vivienda nueva al menos la mitad del precio de pago.
Fedea y el CGE señalaron que, con la Ley de Vivienda, que lleva 13 meses en vigor, ni los precios han bajado ni la oferta ha aumentado, ya que parte de la oferta se ha movido hacia otras modalidades de alquiler distintas de la vivienda habitual, como el de temporada, por habitaciones o el turístico, que han crecido por encima del 15% o el 20%.
«Nadie está intentando eludir los efectos de la Ley, están intentando practicar una política en defensa de sus intereses, de su inversión», explicó Julián Salcedo, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid.
Fedea y el CGE también instaron a «repensar» la regulación de los alquileres turísticos y su fiscalidad, advirtiendo que la Ley de Vivienda apunta a ser modificada «en un sentido aún más intervencionista y restrictivo», con la intención de limitar los alquileres de temporada, restringir los alquileres por habitaciones y los turísticos.
«Será un error añadido, porque los alquileres de temporada y por habitaciones son absolutamente necesarios en cualquier país, precisamente para cubrir necesidades de colectivos específicos, como estudiantes y trabajadores desplazados», argumentó Salcedo.
Incrementar el parque público
Fedea y el CGE ven necesario que las administraciones asignen más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público, ya que España carece de un parque significativo de vivienda social pública en régimen de alquiler, a diferencia de otros países.
«Un gran parque de vivienda de estas características es necesario para facilitar el acceso a la vivienda de una parte importante de la población que difícilmente puede hacerlo en condiciones de mercado. En este sentido, sería conveniente proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible», sostienen.
Durante la sesión de trabajo, Fedea y el CGE advirtieron que la Ley de Vivienda fue aprobada sin debate y sin consenso, como lo demuestra el hecho de que se hayan presentado ocho recursos ante el Tribunal Constitucional, algunos de ellos por los mismos grupos parlamentarios que votaron a favor de la norma.
«Nos encontramos fundamentalmente ante un problema de oferta que la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda no sólo no ha ayudado a mitigar, sino que lo ha incrementado, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su puesta en venta o alquiler», denunciaron.
Los expertos criticaron que se haya trasladado la tarea colectiva de atender las necesidades de los más vulnerables «sobre las espaldas de los operadores privados», ya que, ante la falta de protección e incentivos, «éstos tienden a abandonar el mercado, lo que reduce la oferta y aumenta los precios».
«Los que continúan en el mercado, por su parte, tenderán a seleccionar con más cuidado a sus inquilinos. Como resultado, las familias potencialmente vulnerables empiezan a tener muchas dificultades para encontrar vivienda», señalaron.
Abandonar el intervencionismo
Entre las propuestas que realizan Fedea y el CGE para avanzar en las soluciones al problema de la vivienda, reclaman llevar a cabo una «verdadera» política de vivienda a largo plazo, con el objetivo de lograr un cambio estructural del modelo y no simples medidas de carácter coyuntural a corto plazo.
En su opinión, los poderes públicos deberían limitarse a intervenir solo para fijar unas condiciones básicas de partida que impidan el abuso de posición dominante.
Asimismo, abogan por recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda, «derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables».
También apuestan por restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de ‘okupación’ y desahucio.
A su entender, esto debería ir acompañado del establecimiento de un sistema de ayudas para alquileres o acceso a una vivienda social para familias vulnerables.
Retomar la Ley del Suelo
Fedea y el CGE defienden la necesidad de retomar el proyecto de Ley del Suelo para evitar la paralización de los planes urbanísticos, simplificar y agilizar el urbanismo y «acortar drásticamente» los plazos para urbanizar y edificar, lo que a su vez abarataría y agilizaría la construcción.
Al mismo tiempo, se mostraron a favor de estudiar la posibilidad de que cada comunidad autónoma pudiera adoptar reglas diferentes, adaptadas a su idiosincrasia económica y política, de modo que también se pudiera observar qué regulaciones son las que funcionan mejor.
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